Esta semana ha trascendido a los medios de comunicación una propuesta de “norma de comercialización del vino”. La norma establecería una “autorregulación”, retirando del mercado un cierto volumen de vino cuando se estime pertinente en función de las condiciones de oferta y demanda. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, que no participado en la elaboración de esta propuesta, espera a contar con más información sobre su detalle, pero en función de lo que las propias entidades promotoras han informado, alberga muchas dudas sobre su aplicación y su utilidad y explicamos por qué.
La norma de comercialización, tal y como ha sido trasladada por sus autores, se basa en los siguientes puntos:
A la vista de lo anterior, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se plantea, de entrada, las siguientes cuestiones:
Y una más de propina… con respuesta.
En Unión de Uniones nos gustaría creer que las respuestas a todas esas cuestiones las tienen perfectamente meditadas y resueltas quienes han promovido la propuesta y estamos expectantes para conocer todos los detalles de cómo la norma de comercialización se pondría en marcha… porque lo contrario sería tanto como decir que esto no es una propuesta seria, sino una frívola ocurrencia.
También en Unión de Uniones estamos preocupados por la volatilidad y los vaivenes del sector campaña tras campaña y los problemas estructurales que lo lastran y, sobre todo, por los efectos sobre aquellos que más pierden en esta situación, que son los viticultores. Y también creemos que una “autorregulación” puede ser útil si se diesen las condiciones adecuadas. Y también pensamos que el propio sector tiene que madurar y asumir responsabilidades en la gestión del mercado… ahora bien TODO EL SECTOR y no sólo el sector, sin también LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.
Porque, cuando vienen mal dadas, lo más fácil, es echar la culpa a los viticultores y particularmente a los manchegos: que si producimos vino de más, que si hemos apostado por el rendimiento y no por la calidad, que si nuestras cooperativas no funcionan… Pues sí; seguramente todo eso sea cierto en parte. Pero también lo es que, buscando la rentabilidad de nuestras explotaciones, no hemos hecho otra cosa que responder a las señales de un mercado, que no regula, sino que especula, y a las directrices, muchas veces desconcertantes de la política agrícola europea, e inexistentes a nivel nacional y regional.
Apostamos a que, tanto el Ministerio como las Consejerías, van a estar encantadas con la norma y con esto de la “autorregulación” y de señalar a los viticultores “elegibles” como culpables del problema, porque se van a quitar el muerto de encima. Ya sabemos que no podemos pedir a las administraciones públicas que alteren las normas del libre mercado o que fijen precios mínimos; pero tampoco pueden ni deben (y en especial en Castilla-La Mancha), eludir sus responsabilidades, encogerse de hombros y decirnos a los viticultores que nos autorregulemos, nos organicemos y que produzcamos menos y vendamos mejor. Para eso nos ahorramos los sueldos de tanto político.
La autorregulación está bien… pero ¿cuáles pueden ser resultados de los esfuerzos del propio sector en un escenario en el que no controlamos las reglas del juego? Son los políticos (esos mismos que dicen que nos organicemos) quienes deciden que en la OCM ya no haya mecanismos de regulación; qué acuerdos comerciales se firman con países terceros; qué exigencias ambientales hemos de cumplir; qué IVA pagamos por los inputs y que IVA se le pone al vino; los que permiten que se siga haciendo vino en Europa con azúcar de remolacha; los que acuerdan si se armonizan al alza los impuestos especiales al vino o si se prohíbe publicitarlo; si se criminaliza o no la copa de vino en la cena con los amigos o la familia; las condiciones que se imponen a las firmas que se benefician de los fondos públicos para promocionar su vino o realizar otras inversiones; si el dinero del PASVE se destina a vendimia en verde o a otras cosas; que reestructuraciones y arranques se permiten; cómo se controla la cantidad, calidad y destino de los vinos importados; la supresión o no de los derechos de plantación de viñedo y a quién y cómo se otorgan las nuevas autorizaciones de viñedo; los controles que se hacen a determinadas prácticas en el mercado del alcohol; si la ley de la cadena alimentaria más o menos estricta a la hora de perseguir abusos y poner multas…
¿Y en ese contexto es el que “el sector” tiene que autorregularse y asumir toda la responsabilidad de si el mercado funciona mejor o peor?… Lo sentimos, pero no lo vemos.
¿Nos fijamos en la responsabilidad del sector? Pues ahí tenemos a la Interprofesional del vino… que, de momento, para lo único que está sirviendo es para haber recaudado del sector 13,6 millones de euros en estos años y gastárselos en su mayor parte en anuncios y para querer recaudar otros 25 en los próximos cinco para lo mismo. Teniendo en cuenta los que se sientan en la interprofesional por la parte productora (porque el Ministerio y la Industria les han reconocido, no porque tengan la firma de los viticultores) son los mismos que promueven esta norma de comercialización, no es que nos inspiren mucha confianza.
Esperaremos a ver en que queda esto… pero los experimentos, con gaseosa, no con vino.
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