A partir de estas vendimias se pone la lupa al viñedo de rendimiento “excesivo” en Castilla-La Mancha

A finales del pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden 123/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Agricultura, Me... que modifica la Orden de 01/09/2015, que es la que regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, para someter a un control más riguroso que al resto aquellas explotaciones vitícolas que presenten parcelas con rendimientos por hectárea superiores a los 20.000 kg., para las variedades tintas y 25.000 kg., para las blancas. Unión de Uniones considera que en realidad el efecto sobre la calidad general de la producción vinícola de Castilla-La Mancha va a ser mínimo, porque los rendimientos medios se quedan muy por debajo de esas cifras, pero busca comprobar la veracidad de las declaraciones.

En principio, según la consulta previa que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha expuso a información pública, la norma prevista para intentar meter en vereda las parcelas vitícolas con rendimientos excesivamente altos iba a tener norma de Decreto y de lo que se hablaba era de estabilizar las producciones regionales y fomentar la valoración de la calidad de los productos “mediante la limitación de las producciones de las parcelas de viñedo de Castilla-La Mancha que no estén inscritas en las DOP/IGP dentro del territorio regional”.

Sin embargo, establecer un tope máximo de las uvas que se pueden cosechar en una parcela de uva de mesas no parece haber sido viable (o de momento la Consejería no se ha atrevido a dar el paso e intentarlo) y, por otra  parte, las DO/IGP tienen sus propios pliegos de condiciones en las que se establecen los rendimiento máximos para poder comercializarse bajo cada denominación. Por lo tanto, al final la cosa se ha quedado en que la nueva orden se limita a decir que en la selección de explotaciones sobre las que la Administración realizará controles tendrán preferencia los viticultores que presenten parcelas con rendimientos por encima de los 20.000 y los 25.000 kg., por hectárea para tintas y blancas respectivamente.

¿A cuáles controles se refiere?… pues a dos tipos de controles, los de potencial vitícola y los de condicionalidad de las ayudas PAC.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la modificación se introduce en la orden que regula el potencial vitícola de la región, que es la que establece las obligaciones que deben cumplir los viticultores en cuanto a declarar todas sus parcelas de viñedo, que las declaraciones sean ciertas, que la producción del viñedo (en su caso) que no disponga de autorización administrativa se destine exclusivamente a destilación o se vendimie en verde, etc… Las penalizaciones por incumplir algunas de estas y otras obligaciones contempladas en la Orden, son las que se fijan en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y de... y, por ejemplo, por las inexactitudes en las declaraciones, en función de su magnitud y gravedad, las sanciones pueden ir desde apercibimiento hasta multas que pueden llegar a los 30.000 euros.

En segundo lugar, este tipo de explotaciones vitícolas con rendimientos superiores a los fijados en la orden tendrán muchas más probabilidades de ser inspeccionadas a efectos del cumplimiento de normas de condicionalidad de las ayudas PAC. Estas inspecciones ya no se limitarán estrictamente a lo que tenga que ver con el viñedo, sino que se pueden comprobar muchos otros puntos de la explotación (derechos de riego, estado de la maquinaria, llevanza y registros de fitosanitarios y fertilización… ). En caso de que se comprueben incumplimientos, pueden acarrear recortes sobre los pagos directos de la PAC que pueden ir del 1% al 5 % en los casos más leves, o llegar al 15 %, al 20 % o incluso al 100 % si se constata que existe persistencia y las consecuencias del incumplimiento son graves y tienen mayor alcance.

¿Y esto p’a qué?

La norma publicada hace especial hincapié en su justificación en que se trata de reforzar la consideración y la reputación de los vinos de Castilla-La Mancha, de cara a su comercialización nacional y de exportación, fomentando el buen hacer de los viticultores y de las industrias de la región.

Sin embargo, la realidad es que, en los últimos años (desde 2010), y quitando la campaña más alta, que fue la del año 2013 (con un rendimiento medio en Castilla-La Mancha de unos 10.900 kg., por hectárea) y la más baja (la de 2017, con 6.322 kg., por hectárea); la media de rendimientos en la región está en los 7.400 kg., por hectárea. Es decir, en general los viticultores nos quedamos muy lejos de los rendimientos de 20.000 o 25.000 kg., que se pretenden acotar. En definitiva, el impacto de mejora sobre el nivel medio de la calidad de nuestros vinos, que ya es muy bueno, va a ser mínimo.

Para Unión de Uniones la clave está en la frase en donde la Orden dice que es “necesaria una regulación que incida en el control de la veracidad de las parcelas que declaran producciones elevadas”… es decir, no se está buscando que los rendimientos reales que da un viñedo muy productivo se recorten para incidir en la calidad de la cosecha, sino comprobar que los datos son ciertos y que no se están falseando las declaraciones de algunas parcelas acumulando, por las razones que sean, las cosechas de varias.

En todo caso, según la organización, la inmensa mayoría de los viticultores de nuestra región estamos bastante por debajo de los rendimientos que se van a controlar y, por lo tanto, no nos va a afectar. Y, por otra parte, para aquellos que los superen, si las declaraciones son correctas y veraces, tampoco tendría que tener especiales repercusiones, salvo las molestias que les va a ocasionar ser más inspeccionados que otros… y para los demás, que serán en todo caso una minoría, la orden es un aviso para navegantes y quien quiera entender que entienda.

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