Ayudas PAC: los agricultores y ganaderos españoles, ningún fraude

Unión de Uniones recoge, y apoya, la información del FEGA que matiza alguna noticias aparecidas en fechas recientes que de alguna manera vinculaban la gestión de la PAC con los fraudes detectados por la Oficina de lucha con el fraude de la Comisión Europea (OLAF) en su informe de 2018, así como con alto número (10.995 casos) de irregularidades. El FEGA, en un comunicado oficial, deja a los agricultores y ganaderos españoles fuera de los casos de fraude y reduce el número de irregularidades detectadas entre los años 2014 a 2018 a 1.709, un número que la organización considera muy reducido si se tiene en cuenta el cerca del millón de solicitudes que se pueden tramitar cada año de ayudas al FEAGA y FEADER.

El pasado 3 de septiembre la OLAF ha publicado su informe anual de actividad en el que se recogen las investigaciones llevadas a cabo por este organismo en el año 2018, así como las recomendaciones que ha remitido a las autoridades competentes nacionales respecto a dichas investigaciones. El informe recoge también los casos de fraude más importantes detectados por la OLAF en el 2018. No obstante la impresión que puede haber causado el tratamiento en algunos medios de comunicación de los datos del informe, conviene resaltar que el informe no detecta ningún caso de fraude relativo a la gestión de la PAC en España.

Por otro lado, en el informe se recogen también las irregularidades comunicadas por los Estados Miembros a la OLAF entre las que se incluyen las de los fondos agrícolas. En este sentido en el caso de España se indica que existen 10.995 casos de irregularidades comunicadas por nuestro país, de 2014 a 2018, en relación a todos los fondos comunitarios.

No obstante, Según los datos del FEGA, como responsable de la comunicación de las irregularidades relativas a la PAC, sólo 1.709 de estas irregularidades se corresponden a los fondos agrícolas. En España, entre solicitudes de ayudas directas de la PAC y de ayudas al desarrollo rural, es posible que se tramiten en el entorno de 900.000 a 1.000.000 de solicitudes, lo que para Unión de Uniones, sitúa la proporción de irregularidades en un número realmente muy poco significativo.

Según el FEGA el concepto de «irregularidad» que maneja la OLAFT se refiere a todo incumplimiento de una disposición de la reglamentación comunitaria, por parte de un beneficiario, que impide que pueda recibir dicha ayuda. Dicho incumplimiento puede carecer de intencionalidad por parte del beneficiario y en esos casos, que son la mayoría, no implicaría fraude.

Unión de Uniones agradece el tratamiento que se ha dado por parte de los medios de comunicación especializados agrarios a la noticia, así como la difusión que se ha hecho también del comunicado aclaratorio del FEGA, contribuyendo a exonerar a los agricultores y ganaderos de la falsa imagen de una cierta deshonestidad que en algún momento se había trasladado muy injustamente.

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