La Constitución Española, que es bastante más que un festivo para algunos o un texto al que invocar cuando los conflictos territoriales rechinan, señala en su artículo 130 algo como: “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.”
Me permito recordarlo porque la hoja de ruta que marca el 130, después de casi cuarenta años de su entrada en vigor, sigue siendo incumplida por el Estado y por los sucesivos Gobiernos que desde entonces han sido. No se han puesto los medios –o al menos no de forma suficiente y adecuada- para saldar esa cuenta pendiente con nuestro sector agrario y superar la brecha, vergonzante para los poderes públicos, que nos separa del resto de ciudadanos.
Esta una brecha, tan evidente para cualquiera que viva en el medio rural, se hace palmaria en los datos de la renta de la actividad agraria en comparación con la de otras actividades económicas. Hace poco hemos tenido la oportunidad de conocer y analizar los datos de la Agencia Tributaria y la diferencia es dolorosa. Los contribuyentes que realizan actividades agrarias y que viven fundamentalmente de las mismas tienen una renta que está un 45 % por debajo del promedio. Y no se trata de una cifra meramente estadística; sino de lo que cada paisano declara en su IRPF.
Evidentemente hay diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras. En algunas como Cantabria, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Asturias, donde los agricultores y ganaderos no llegan ni a los 9.000 euros anuales de media, la brecha es un verdadero despeñadero. Pero en realidad, ni siquiera en las mejor situadas como Rioja o Murcia, la renta de actividades agrarias, en el entorno de los 13.500 euros, se acerca ni de lejos a los más de 19.000 del conjunto de los sectores… que tampoco es, por cierto, para que nadie se ponga rumboso.
Son datos de 2014, los últimos en los que hasta el momento está disponible ese nivel de detalle; aunque por lo que hemos podido ver por encima de otros ejercicios, no es una situación coyuntural y va mucho más allá de una mala campaña en un determinado cultivo o de una crisis temporal de precios en cierto sector.
Tiene que ver con la histórica concepción social, económica, demográfica y cultural de que el campo no era “moderno” y, más recientemente con unas políticas agrarias diseñadas con los estómagos llenos, que han pensado que las sociedades avanzadas (y, claro, nosotros queremos serlo) pueden prescindir de su agricultura y ganadería y que siempre será más barato traer las cosas de por ahí. Monumental error, del que algunos somos siempre conscientes por muchas razones, pero del que otros sólo caen en la cuenta cuando ya es demasiado tarde y se comprueba que lo se trae de fuera a la larga ni es más barato, ni más sano ni siempre nos lo podemos permitir.
Unión de Uniones ya ha reiterado que estas políticas de abandono de nuestro sector agrario al albur del desarrollismo, la globalización, los tratados internacionales, la competitividad mal entendida, acabarán por destruir nuestro tejido productivo y nuestro modelo agropecuario ligado a territorio, perjudicando también a los consumidores.
Sólo daré unos datos para la reflexión: el precio de una barra de pan a mediados de los 70 era de 9 pesetas; muy parecido al del trigo, que estaba en las 8 pesetas… hoy la misma barra de pan cuesta 66 pesetas y el trigo se paga a 24… mientras tanto, el gasóleo agrícola ha pasado de 4 pesetas a 130. Así es más fácil comprender los datos de renta agraria expuestos.
Algunos dirán que en el medio rural las cosas cuestan menos y que estaría justificada la proporción. Habría que ver si, efectivamente, las cosas cuestan menos o si, por el contrario, al haber menos oferta las pagamos más caras que en cualquier ciudad. Pero lo que es evidente, y resulta una discriminación añadida, es que nuestros pueblos no disponen de las mismas infraestructuras y servicios públicos básicos.
Claramente no va a haber un colegio en cada pedanía, ni un centro de salud. Pero se podría hacer mucho más para evitar que la familia de cualquier agricultor o ganadero, o de sus vecinos en el pueblo, tengan que hacer por sus propios medios los muchos kilómetros de camino que les pueden separar de acudir a la consulta de un médico especialista o al aula de cualquier instituto o facultad. O al menos, por una cuestión de cohesión social, alguna manera habrá de compensarlo, de que la inversión pública tenga un plus cuando se lleve a cabo en el medio rural. Porque esto a lo que nos enfrentamos cada día quienes vivimos en un pueblo, no son meras molestias, es tener menos calidad de vida y más costosa.
Por no hablar de otras brechas, como la digital. Internet no es un capricho, ni un mero divertimento comunicativo a través de las redes sociales. Es una ventana al mundo, es el libre acceso a la información y es, también, una herramienta de formación y empoderamiento. O la que separa, de una manera más profunda y penosa, a determinados colectivos como la población dependiente, los ancianos o la mujer rural.
Y estos son sólo algunos ejemplos de los escalones que hacen que la diferencia entre lo rural y lo urbano se haya convertido en un abismo, salvable, pero al que los poderes públicos deben empezar a poner remedio pronto.
Iniciativas como adoptar un pueblo, fomentar el interés por los huertos domésticos y el mercado de proximidad son muy positivas para sensibilizar y acercar el campo a la ciudad, pero son claramente insuficientes. Se requiere de un mayor compromiso de la administración y éste pasa, simplemente, por cumplir el artículo 130 y equiparar, de verdad, el nivel de vida de todos los españoles a través de leyes reales y no declaraciones de buenas intenciones o manoseadas estadísticas; a partir de la puesta en marcha de mecanismos que protejan al más débil y no al más poderoso, a través de una apuesta real por nuestro tejido productivo agrario y agroalimentario, que hoy por hoy aportan un 5 % de nuestro PIB y cerca de un 7 % del empleo, y a los que no se puede condenar por más tiempo a ser, resignadamente, ciudadanos con rentas de segunda en pueblos de segunda.
Reduciendo en 2017 a menos de la mitad de lo que era en 2012 el presupuesto del Estado en agricultura y medio rural, como ha sucedido en el caso del Ministerio del ramo, desde luego no se va a conseguir.

José Manuel de las Heras

Coordinador Estatal de Unión de Uniones

(Artículo publicado en EL ECONOMISTA AGRO, abril 2017)

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