La Bolsa de Tierras de Regadío de Extremadura dificulta a los pequeños productores y favorece a las grandes Sociedades, según la Unión de Extremadura

La Consejería de Medio Ambiente anunció a bombo y platillo que había creado la Bolsa de Tierras de Regadío en Extremadura, de tal manera que el 18 de octubre de 2018 se publicó en el DOE el anuncio de la creación de esta Bolsa a la que se podría suscribir tanto los demandantes de tierras como los ofertantes a la mismas, de las zonas regables de Olivenza, Jerez de los Caballeros, Zalamea, Casas de Don Antonio, Rio Salor y Canal derivado del Pantano de Valdecañas. La pretensión de la Junta era crear una Bolsa de 4.600 has, que según la misma estaban infrautilizadas.

Hasta la fecha los datos son los siguientes:
 Ofertantes, 0.
 Demandantes 6 empresas, con una demanda de 2.428 has y donde hay dos empresas que demandan contratos de arrendamiento 25-30 años para más de 1.800 has.

Cuando se regula un proyecto de estas características hay que tener cuidado con las consecuencias, las Administraciones públicas no pueden intervenir en el mercado de la tierra sin un mínimo de garantías y cuidando las consecuencias.

La Unión Extremadura denuncia el fracaso de este proyecto que no solo no ha servido de nada, ya que no se ha intermediado en parcela alguna, pero lo que sí ha conseguido es aumentar la demanda de tal manera que los agricultores que tenían parcelas limítrofes con las que se podían arrendar han visto como ha aumentado el precio de arriendo de las mismas debido al aumento de las demandas.

Otro factor a tener en cuenta es no favorecer la concentración de tierras en manos de pocas empresas agrarias. Como se puede observar en la página de la Junta de Extremadura y en el cuadro que se detalla a continuación, hay dos Sociedades Limitadas que pretenden arrendar más de 1.800 has, que por la duración de contratos está claro que su intención es la plantación de frutales.

La concentración de frutales en Extremadura está suponiendo la ruina de centenares de pequeños y medianos fruticultores que son incapaces de competir con grandes empresas del sector, por lo que entendemos que la Junta de Extremadura no debería favorecer esta circunstancia.

Por otro lado, un Gobierno Socialista tendría que cuidar las normas que aprueban y que están dificultando el acceso a la tierra a los pequeños productores y favoreciendo las explotaciones de varias miles de has.

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