LA UNIÓ pide el máximo consenso parlamentario en la Ley de Estructuras Agrarias y que se le dote de un presupuesto adecuado para modernizar y profesionalizar el campo valenciano

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha dicho hoy en la comisión de Agricultura de les Corts que analiza el anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias que confía en que se apruebe con el máximo consenso parlamentario y que tenga unos compromisos presupuestarios claros que la hagan viable como instrumento de modernización y competitividad del campo valenciano.


LA UNIÓ valora de forma positiva la filosofía de una Ley que debe entrar a fondo en uno de los más graves problemas que afecta a la situación estructural de las explotaciones, al mismo tiempo que pone en el centro de la normativa a las personas profesionales del sector agrario que son las que deben estar al frente de unas estructuras agrarias viables y eficientes.


Para que la Ley salga adelante, LA UNIÓ propone entre otras cosas incentivos fiscales a la compra de tierras, cesión o arrendamiento de las fincas rústicas tanto para las personas agricultoras profesionales como para las iniciativas de gestión en común que recoge el anteproyecto de ley.


El secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, ha dicho en la comisión de les Corts que los datos son alarmantes y hay que reaccionar ya con instrumentos como esta Ley. En sólo quince años se ha perdido el 17% de la superficie agraria valenciana (de 1.031.000 hectáreas se ha pasado a 859.000) y unas 41.000 explotaciones, el 27% (de 152.312 a 111.425). Pero lo más grave es la pérdida de titulares de explotaciones pues en los últimos quince años se han quedado por el camino 42.290, un 28%, y con un claro síntoma de envejecimiento de la población agraria. De los 107.318 titulares actuales de explotaciones, sólo 4.474 son menores de 40 años, el 4%. Hay 53.635 titulares de explotaciones que tienen más de 65 años, el 50%, y si se suman los mayores de 60 años, existen 65.592 titulares de explotaciones, el 61%. Cada día se pierden 4,55 titulares de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana. Mientras la población agraria de más de 65 años se ha reducido sólo el 4,63%, la población de menos de 40 años lo ha hecho en el 62,5%.


La pérdida de superficie agrícola es, principalmente, como consecuencia de una evidente pérdida de rentabilidad de la agricultura valenciana que lastra la competitividad de las explotaciones. Al abandono de las tierras hay que sumarle otras problemáticas ligadas a la tierra como por ejemplo una alta fragmentación de la propiedad, la carencia de cultura en la gestión en común de la tierra, un mercado de la tierra poco dinámico y transparente, baja profesionalización de la actividad agraria y la nula existencia de herramientas para planificar la toma de decisiones sobre aquello que hay que plantar o sembrar.


Con toda esta información se visualiza, según ha dicho Ramón Mampel, que “el sector necesita un viraje y adaptación de las estructuras agrarias para hacerlas más competitivas y valorizar aquello que tenemos positivo: un amplio abanico de especies y variedades y estar cerca de los mercados más atractivos de Europa, lo que nos permite el abastecimiento de los mercados de forma rápida con una gran calidad”. Pero, sobre todo, ha apuntado Mampel, que “sirva para evitar el abandono de la actividad y la incorporación de personas profesionales que mantengan vivo el mundo rural valenciano”.

Aspectos concretos de la Ley
En referencia al suelo agrícola infrautilizado de que habla la Ley, LA UNIÓ deja patente que esa infrautilización debe ser por problemas de carácter agronómico o ambiental o se justifique ese abandono por cuestiones de pérdida de rentabilidad continuada no atribuible a la gestión del titular. Esta redacción se enmarca dentro de la realidad del sector donde muchas parcelas se dejan sin trabajar porque por diferentes motivos el cultivo no tiene rentabilidad y producir supone pérdidas a la persona profesional que las trabaja.


A pesar de no cultivar en estas parcelas, se deben mantener “limpias” para evitar que se puedan convertir en un reservorio de plagas o enfermedades, o ser foco de posibles incendios. En este sentido consideramos importante que incorpore a la ley un articulado que regule que cuando los propietarios o arrendatarios de parcelas rústicas que realicen plantaciones de cultivos herbáceos o leñosos que sean susceptibles de provocar en las fincas vecinas depreciación comercial, disminución de producción o deficiente desarrollo vegetativo de los cultivos implantados en las mismas, puedan ser responsables de los daños patrimoniales causados en las parcelas vecinas.


LA UNIÓ valora positivamente también la creación de un mapa agronómico y cree que debe estar en permanente mantenimiento y actualización, integrando toda la información y conocimientos a nivel de parcela de los parámetros agronómicos, de los usos actuales de los suelos y de la información administrativa. Debe ser la base que ayude a las personas profesionales a adoptar decisiones sobre cambios de cultivos o variedades en función de las actuales superficies plantadas y comportamientos en las diferentes zonas o sobre tratamientos fitosanitarios en función de la evolución de las diferentes plagas que se tendrían que comunicar directamente a los agricultores de las zonas cuando sea el momento óptimo de tratar la plaga.


Así mismo, y desde la vertiente sectorial, LA UNIÓ propone que a través del Mapa Agronómico se puedan conocer las zonas donde se pueden instalar asentamientos de colmenas en zonas citrícolas, teniendo en cuenta la distancia con otros asentamientos y en parcelas con cítricos susceptibles de provocar polinización cruzada.


En referencia a la red de tierras, LA UNIÓ cree que es un buen instrumento para centralizar los datos y cotejar la oferta y la demanda de tierras y parcelas. Puede servir para favorecer una intermediación del cedente y cesionario de esta tierra para el acceso de la misma a las personas profesionales del sector. Es una medida que también ayudará a dar uso al suelo agrario infrautilizado También ordenará y clarificará la oleada de bancos de tierras municipales que han proliferado en los últimos años con escasa utilidad, a pesar de las buenas intenciones de sus impulsores.


Para LA UNIÓ las mesas sectoriales para impulsar procesos de reestructuración, reconversión y diversificación de la producción han de estar constituidas por la Administración, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias. En cuanto a la Iniciativa de Gestión Común, la propuesta es una evolución en positivo de las que hasta ahora ha habido y que desgraciadamente no han cuajado. Un ejemplo podría ser la Cooperativa de Benaguasil a la que hay que ayudar para que finalice con éxito su proyecto y sirva de modelo a otras iniciativas parecidas.


Sobre la definición de Agente Dinamizador, figura que considera positiva LA UNIÓ, se echa en falta más concreción sobre las entidades o figuras que pueden realizar esta función, ya que la redacción actual implica que es una persona física cuando podría ser también un equipo multidisciplinar de personas que asesoran a las personas profesionales agrarias.

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