LA UNIÓ propone una policía rural mancomunada gestionada por la Generalitat para evitar los robos en el campo

Ya que no se apuesta por una policía autonómica y que los efectivos de las fuerzas de seguridad del estado no están suficientemente dotadas en medios materiales y humanos para evitar los robos

 LA UNIÓ de Llauradors propone que la Generalitat gestione una policía rural mancomunada para aquellas localidades que no cuenten con presupuesto suficiente para disponer de policías locales encargados de la vigilancia en las partidas rurales, con la finalidad de evitar la oleada de robos que se produce en el campo valenciano. Esto se podría hacer para los municipios inferiores a 5.000 habitantes.

Del mismo modo apuesta por crear unidades de guardería rural, dentro de la policía local y con el apoyo de la Generalitat, en aquellas localidades que cuenten ya con un presupuesto importante (aquellas con más de 5.000 habitantes) y que permita destinar alguno de los efectivos policiales del municipio a la vigilancia exclusiva de sus zonas rurales. LA UNIÓ también considera que se deberían constituir Juntas de Seguridad Rural de ámbito municipal.

Ambas actuaciones de la Generalitat deberían realizarse en estrecha colaboración con la Delegación del Gobierno –responsable de las fuerzas de seguridad del Estado- y con los Ayuntamientos. Estas propuestas fueron trasladadas ya en su día tanto a la Generalitat como a la Delegación del Gobierno ya que no existe voluntad de apostar por una policía autonómica que cumpla con ese cometido en las zonas rurales, tal y como existe por ejemplo en Cataluña con los Mossos d’ Esquadra o la Ertzaintza en el País Vasco.

Todas estas actuaciones facilitarían la incentivación de la cultura de la denuncia al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas rurales. Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas, con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia.

LA UNIÓ cree que, además de aumentar los recursos humanos y económicos para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer bien su trabajo en las zonas rurales o cambiar el actual Código Penal, habría que coordinar bien los esfuerzos municipales con la ayuda de la Generalitat para actuar contra los robos que se dan en las zonas rurales.

LA UNIÓ señala que si bien históricamente los robos en las zonas rurales han sido habituales, en los últimos años, además de aumentar, han sufrido un cambio cualitativo. Si antes tenían lugar casi exclusivamente sobre producciones agrarias, actualmente van dirigidos también hacia otro tipo de elementos como maquinaria, pozos de riego, utensilios, animales, etcétera.; lo que nos lleva a considerar que en muchos de los casos se trata de mafias organizadas. Al valor de lo robado se le debe sumar los destrozos que se causan. 

El pasado año el valor de lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros y este año se detecta un aumento de los mismos respecto a las mismas fechas del anterior que podría cifrarse en un 25% más.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “los robos en el campo no se deben sólo a esa desprotección innata del medio rural, sino al hecho de que se le ha dado hasta ahora una menor importancia y se ha hecho menos caso desde los poderes públicos que tienen que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, ya estén en las zonas urbanas como en las rurales”.

Para más información: Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ (609 28 29 16)

 

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