La Unión Extremadura ha presentado una denuncia ante el Aica por incumplimiento de la Industria del precio mínimo del tomate y por excederse en los 30 días el pago del producto

El 12 de febrero es el último día para registrar los contratos de compra-venta de tomate fresco para industria. Estos contratos se tienen que ajustar a lo establecido en la normativa estatal española, circunstancia que hasta la fecha no se ha respetado.
La Ley 12/2013 de funcionamiento de la Cadena Alimentaria establece en su artículo 9.c. que el precio del producto no podrá estar por debajo de los costes de producción, esto significa que numerosos estudios realizados sobre los costes de producción en este sector, no serán legales aquellos contratos que estipulen un precio por debajo de los 90 €/tm.
Así mismo la Ley 15/2010 que establece las medidas para luchar contra la Morosidad establece en su Disposición Adicional Primera, que el pago de los productos alimentarios frescos no excederán en ningún caso los 30 días a partir de la fecha de entrega, esta Disposición está en vigor desde el año 2010 y no se ha respetado en este sector hasta la fecha.
Para el sector productor extremeño es fundamental que se cumplan a partir de este año estas normas ya que suponen un respiro económico importante para los más de 1.500 productores de tomates.
Extremadura tiene previsto contratar este año alrededor de las 24.000 has de tomates, si las industrias respetan al menos el precios de coste de los 90 €/tm, y nos podemos acercar a una producción de 2,2 millones de toneladas.
El respetar el calendario de pago supone que los productores van a cobrar su producción valorada en algo más de los 187 millones de €, varios meses antes de lo que venimos cobrando hasta la fecha.
La Unión Extremadura tiene conocimiento que los pocos contratos que se han firmado hasta la fecha no cumplen ninguna de lo establecido en estas dos leyes, por lo que hemos presentado una denuncia ante el Aica, para que revise todos los contratos de compra-venta de tomates y sancionen a todas aquellas industrias que no cumplan el precio mínimo y el calendario de pago.

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