Las entidades agrarias más representativas acuerdan exigir al Gobierno del Estado el desbloqueo de las partidas de Agricultura que afectan al desarrollo de los sectores productivos y el cooperativismo

Unió de Pagesos, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), ante el bloqueo efectivo, por parte del Estado, de partidas de extraordinaria necesidad para el desarrollo de la actividad agropecuaria, forestal y agroindustrial, especialmente en el cooperativismo agrario, incluidas en los programas bloqueados por el Ministerio de Hacienda a raíz de la intervención de las finanzas de la Generalidad de Cataluña, han acordado pedir a la ministra de Agricultura que interceda ante su homólogo de Hacienda para que autorice la revocación, de forma urgente, del bloqueo de las partidas presupuestarias que afectan de forma especial y gravemente a las siguientes medidas: 


- Aagroambiente y clima, ganadería ecológica, forestales y de agroindustria incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Cataluña (PDR) por un importe de casi 6 millones de euros.
- Seguros agrarios por un importe de unos 2,6 millones de euros.
- Sanidad animal y vegetal por un importe de unos 2 millones de euros.
- Cooperativismo agrario por un importe de poco más de 1,5 millones de euros.
- Prevención y lucha contra incendios por un importe de 0,75 millones de euros.
- Certificación y control de la calidad alimentaria por un importe de 0,44 millones de euros.

Después de la evaluación práctica de los efectos de la Orden HFP / 886/2017, de 20 de septiembre, efectuada en la Mesa Agraria celebrada el 23 de octubre, que impactan de forma inexplicable en medidas esenciales para el sector, las tres entidades se han dirigido a la ministra de Agricultura para que interceda para resolver esta situación incomprensible y le han recordado, por un lado, la obligación constitucional dirigida a todos los poderes públicos de atender señaladamente el desarrollo de la agricultura y la ganadería, así como de la pesca (afectado también por el bloqueo presupuestario) y, por otra parte, las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea en materia de sanidad animal y vegetal, de seguridad alimentaria y en medio ambiente y de preservación de la biodiversidad que se ven afectadas por el bloqueo presupuestario.

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