Según la Unión de Castilla-La Mancha, los últimos acuerdos de la UE sobre la PAC aprueban recortes adicionales a las grandes explotaciones.

En Castilla-La Mancha la degresividad de las ayudas tendría efectos limitados.

Toledo.- Parlamento Europeo, Comisión y Presidencia del Consejo han adoptado en este semana un acuerdo para cerrar los últimos flecos de definición de la futura PAC. Entre las medidas aprobadas se encuentra el recorte en al menos un 5 % de las ayudas a realizar a aquellos perceptores que superen los 150.000 euros de pagos directos. Si dicha norma se aplicara con la actual distribución de ayudas en nuestra región, afectaría a 217 perceptores que suman un montante de ayudas de 51 millones de euros y a los que se reduciría sus pagos en conjunto en unos 680.000 euros.

Las últimas aristas de la Reforma de la PAC pendientes desde el acuerdo político adoptado en junio pasado  acaban de ser limadas con el consenso alcanzado en esta semana por el Parlamento Europeo, la Comisión y la Presidencia del Consejo. Entre las medidas adoptadas se incluyen: la convergencia de ayudas entre Estados miembros, elemento beneficioso para España que había sido descartado en el acuerdo de junio planteándose sólo el estudio de su oportunidad; el aumento de las tasas de cofinanciación comunitaria para las medidas de desarrollo rural para determinadas regiones en transición (que favorecería a Castilla-La Mancha dado que por sus niveles de renta saldría del actual Objetivo 1), el aumento de los porcentajes transferibles de la política del primer pilar (mercados) al segundo (desarrollo rural) y viceversa; y la degresividad de las ayudas agrarias.

La degresividad supondría la reducción en, al menos, el 5 % (cifra que puede ser más elevada a criterio del Estado miembro) de las ayudas de los perceptores de pagos de la PAC por cantidades superiores a los 150.000 euros anuales. En el cómputo de los 150.000 euros que darían lugar al recorte no se incluiría el pago correspondiente al “verdeo” y el Estado miembro podría aplicar una deducción para los costes laborales. Las cantidades recaudadas se destinarían a la política de desarrollo rural y, probablemente, en coherencia con situaciones similares en el pasado, en la región en la que se generen.

Efecto limitado para Castilla-La Mancha.

La aplicación de la degresividad en Castilla-La Mancha tendría un efecto muy limitado. De aplicarse esta medida con la actual distribución de pagos directos afectaría a 217 perceptores que en 2012 cobraron más de 150.000 euros de ayudas directas, de entre los 143.000 perpectores PAC de la región. Esos 217 perceptores recibieron 51 millones de euros (el 6 % de los 781,3 millones de euros de ayudas directas PAC pagadas en Castilla-La Mancha) y la aplicación de la degresividad les hubiera supuesto en su conjunto una merma de poco más de 680.000 euros, es decir, un 1,5 % de sus ayudas.

Mayor impacto económico, aunque a menos perceptores, representaría sin embargo el techo de 300.000 euros por explotación que la Conferencia Sectorial del mes de julio decidió que se implantaría en España de autorizarlo Bruselas y que finalmente se pondrá en marcha o no a voluntad del Estado miembro. En 2012, fueron sólo 35 los perceptores en Castilla-La Mancha que superaron dicha cantidad, con un volumen total de ayudas de 15,4 millones de euros (una media de casi 440.000 euros por explotación) y que por virtud del techo establecido, hubieran dejado de percibir 4,8 millones de euros.

Hay que considerar que en 2012, las cantidades percibidas no descuentan el futuro verdeo, ni deducen costes laborales, por lo que representan una estimación al alza de lo que podrían suponer dichas medidas en las ayudas futuras.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que cualquier decisión que reequilibre en mayor o menor medida la distribución de las ayudas agrarias debe ser bien recibida por parte de los agricultores profesionales, con la condición de que los fondos liberados con este tipo de medidas no se pierdan y reviertan en el propio sector agrario y recuerda que, de ponerse finalmente en marcha, dividir grandes explotaciones en pedazos con el único fin de evitar incurrir en la degresividad y el techo por explotación puede constituir un fraude de ley perseguible y sancionable por las autoridades.

Por otro lado, la Unión de Uniones se ha manifestado favorable a trasvasar fondos del segundo pilar (desarrollo rural) al primero (mercado) con objeto de corregir determinados efectos no deseables de la comarcalización de las ayudas diseñada por el Ministerio para la aplicación de la Reforma en nuestro país. Efectos que tienen que ver con el mantenimiento de pagos escandalosamente dispares que reciben iguales sectores productivos en distintas regiones y con el hecho de dejar fuera del acceso al pago único a superficies de agricultores profesionales por el simple hecho de no haber cobrado ayudas en el pasado. La aprobación de la degresividad liberaría nuevos fondos para el desarrollo rural y, por lo tanto, facilitaría el trasvase de fondos en sentido inverso para los fines propuestos por la Unión de Uniones.

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