Nueva convocatoria de reestructuración de viñedo en Castilla-La Mancha para agotar sus fondos

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha publicado el pasado 14 de julio una nueva convocatoria de ayudas a la reestructuración de viñedo. Con esta medida busca agotar todos los fondos asignados a la región en la distribución territorial de esta medida que, previsiblemente, con los proyectos actualmente en funcionamiento no se agotarían.

Efectivamente, en la Conferencia Sectorial que se celebre a finales de este año se repartirán los 72,5 millones de euros que corresponden a la medida de reestructuración de viñedo en el ejercicio 2018 según el Plan de Apoyo al Sector Vitivínicola español (PASVE) 2014-2018. De esta cantidad, por la aplicación de los criterios de reparto de la Conferencia, la región podrá disponer de unos 33,5 millones de euros, pero en función del montante de gasto comprometido para 2018 por los proyectos que actualmente se están llevando a cabo, es previsible que esa cantidad no se agote y, de ahí, esta convocatoria.

La medida que ahora se abre pues, para una pequeña cantidad de hectáreas, que la Consejería estima en unas 2.500.

Las condiciones

La operativa de estas ayudas es similar a la de la convocatoria original del año 2013, con algunas salvedades importantes. En primer lugar, no se financiará la reconversión varietal y en la reestructuración no se considera subvencionable la nivelación del terreno.

También hay que tener en cuenta que en esta ocasión las cosas deben ir mucho más deprisa, porque el plazo límite de ejecución de las operaciones es el 15 de junio de 2018 (fecha límite para que entre en el PASVE 2014-2018). Ese día es también el último para presentar las solicitudes de certificación y pago.

El límite por beneficiario será de 15 hectáreas subvencionables, frente a las 25 hectáreas por expediente y año que se aprobó para la línea abierta en 2013.

La solicitud y gestión de los planes de reestructuración podrá hacerse de forma individual o colectiva (aunque los colectivos gozan de mayor puntuación para el proceso de selección). En el caso de planes colectivos se exige un mínimo de 25 hectáreas y 20 agricultores. Para proyectos individuales el límite mínimo de superficie es de 10 hectáreas.

Las prioridades.

Donde sí se producen importantes modificaciones es en los criterios de prioridad que se van a utilizar para elegir los expedientes a aprobar si se da el caso (que se dará) de que las solicitudes sobrepasen el dinero disponible.

En la primera convocatoria fundamentalmente se tuvo en cuenta el tipo de solicitante, con mayor atención a jóvenes, explotaciones prioritarias, agricultores profesionales y, en menor medida explotaciones de titularidad compartida (en éstas últimas, la titularidad de la explotación corresponde en igual medida a ambos cónyuges o situación de afectividad análoga en registro público).

Ahora los criterios de prioridad se han multiplicado. Priman, por ejemplo, mucho más los planes colectivos que los individuales (50 puntos frente a 1).

También se otorga mucha importancia a comprometerse a llevar 3 años la uva a una instalación que tenga implantado el pago por calidad (hay 6 años para cumplir el compromiso).

Y el tercer factor en orden de importancia es que el proyecto se lleve a cabo en una explotación de titularidad compartida.

Por debajo de esos criterios en puntuación están ya el ser joven agricultor, explotación prioritaria, agricultor a título principal o profesional; contar con un seguro agrario en 2016, pertenecer a una entidad asociativa prioritaria; hacer más reestructuración, pedir el anticipo del 80 % del pago (previa garantía del 120 %) o haber destinado parte de la producción en 2016 a una DO o IGP.

Curiosamente ahora en caso de empate de dos expedientes se elegirá al de menor superficie; mientras que en la convocatoria original, primaba el de más. En última instancia, por la fecha y hora de presentación.

Las ayudas.

Las ayudas parten esencialmente de los mismos importes máximos subvencionables de la anterior convocatoria, sobre los que se paga el 50 %. De la tabla de dichos importes, sin embargo, ha desaparecido en determinadas operaciones (arranque, plantación, protecciones y espaldera) el epígrafe de “operación realizada con medios propios” que permitía imputar al proyecto como un gasto subvencionable el coste de las operaciones realizadas por el titular con el módulo de ayuda correspondiente.

Este concepto se ha sustituido por el de “Acción realizada mediante contribuciones en especie”, que de hecho es parecido, pero que endurece (por aplicación de la modificación introducida en el Reglamento 2016/1149) las condiciones que subvencionan los trabajos efectuados por el titular de la explotación y hay que tener cuidado con ello.

En las nuevas condiciones la ayuda final a la reestructuración no deberá superar el gasto subvencionable total, sin contar las contribuciones en especie. Es decir que la ayuda nunca va a ser mayor que lo que se justifique en factura. Por lo tanto, cuanto más se pretenda hacer con trabajo propio (con contribución en especie), menor será la facturación y más posibilidades hay de que se nos reduzca la ayuda.

Por ejemplo, si el coste del proyecto es de 6.000 euros y justificamos con factura sólo 2.500 euros; la subvención que nos correspondería con un 50 % de ayuda sería de 3.000 euros, pero no nos darían nada más que 2.500 euros, que es lo que hemos justificado con factura. Si hubiéramos justificado con factura 5.000 euros, sólo nos darían los 3.000 euros que nos corresponde de subvención.

De manera que conviene hacer una planificación adecuada de los trabajos que realizamos nosotros mismos para que toda o la mayor parte de subvención que nos corresponda quede cubierta por la facturación externa y el resto, hasta completar el coste del proyecto lo cubramos con las “contribuciones en especie”.

El cálculo de la contribución en especie se realizará multiplicando el número de horas de trabajo declaradas por el solicitante para la realización de la acción específica por el valor establecido como importe de remuneración por un trabajo equivalente. Para hacer estos cálculos se recoge en la orden una tabla de horas de trabajo por operación e importes máximos a considerar. El cálculo resultante no puede dar lugar a una contribución en especie que represente más cuantía que si la operación se hubiera hecho por contratación externa según la tabla establecida por la Consejería.

Una cosa más sobre este tema: la contribución en especie sólo pueden utilizar los jóvenes agricultores, agricultores a título principal y profesionales y explotaciones prioritarias. Quienes no pertenezcan a estas categorías tendrán que justificar completamente el coste de su proyecto mediante facturas.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes, junto con toda la documentación que se debe acompañar, se pueden presentar hasta el 15 de agosto de 2017 a través de la aplicación informática online RECAVIN del portal de la Junta de Comunidades (es necesario se usuario registrado para acceder a la misma).

Para la resolución aprobatoria habrá que esperar a ver con cuánto dinero se cuenta una vez que la Conferencia Sectorial decida el reparto (lo que previsiblemente ocurrirá a finales de noviembre o ya en diciembre), lo que le corresponde a Castilla-La Mancha y de esa cantidad, cuanto está ya comprometido para los planes de reestructuración que se aprobaron en 2013 y siguen en ejecución en 2018.

No obstante, la resolución aprobatoria del expediente no supone un compromiso futuro de gasto para la administración, que no será definitivo hasta la resolución de pago efectivo.

El pago de la ayuda se efectuará en operaciones completamente ejecutadas, y una vez que se haya comunicado a la Administración la finalización de las mismas, que se haya solicitado su certificación y pago y que la Administración haya certificado que están correctamente realizadas.

Convocatoria corta y compleja

En definitiva, se abre una convocatoria que será corta (porque no hay más dinero) y, desde el punto de vista de la Unión de Uniones, innecesariamente compleja. Alguna de las complicaciones, como el de la contribución en especie, eran ineludibles porque obedecen a exigencias de la UE; pero otras como la “revolución” de los criterios de prioridad (sobre todo el pago por calidad y la pertenencia a entidades asociativas prioritarias) nuestra organización considera que era innecesaria abordarlas ahora de manera precipitada para una única convocatoria de una única campaña y para una pequeña superficie a reestructura. Así se lo hicimos llegar a la Consejería de Agricultura en su momento.

En nuestra opinión no era el momento adecuado y, además, supone en cierta medida discriminaciones de los beneficiarios de la primera convocatoria y la segunda tratándose de la misma acción dentro del mismo PASVE.

Sin entrar a discutir que el pago por calidad sería bueno que se implantase como práctica general en el sector, no parece lógico exigírselo al viticultor (de quien no depende en absoluto).

Por otro lado, primar el fomento de las entidades asociativas prioritarias con objeto de concentrar la oferta y reforzar el papel de los productores en la cadena, parece un objetivo loable del Gobierno regional, pero tampoco es una decisión del viticultor que la cooperativa a la que pertenezca o se encuentre cerca de su explotación para poder llevarle las uvas, solicite su reconocimiento como tal o su adhesión a una.

En fin, para la organización se trataban de criterios muy discutibles que hubieran merecido una reflexión más en profundidad quizás de cara al futuro PASVE 2019-2023.

Visitas: 21

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de Union de Uniones de Agricultores y Ganaderos para añadir comentarios!

Participar en Union de Uniones de Agricultores y Ganaderos

https://www.facebook.com/uniondeuniones

EL TIEMPO

 

© 2017   Creado por UNIÓN DE UNIONES.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio