Publicado el nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto clarificar y adecuar la norma española a las modificaciones del Programa de Apoyo al sector vitivinícola 2019/2023 remitidas a la Comisión Europea en junio de 2018, con el fin de mejorar su aplicación, así como incluir las recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Agricultura, las modificaciones introducidas en la medida de promoción en terceros países amplían las posibilidades del sector para reforzar acciones en los distintos mercados. Se incluye la definición de mercado de tercer país y se concreta el periodo a contabilizar para establecer la duración máxima de la ayuda. Asimismo, para mejorar la eficacia en la utilización de los fondos, se adelanta el calendario de ejecución de los programas.

En la medida de reestructuración y reconversión de viñedos se adapta el texto a las modificaciones del Programa de Apoyo que se remitieron a la Comisión, con el fin de mejorar su aplicación permitiendo pequeñas modificaciones de las solicitudes sin autorización, y se aclara la redacción de algunos artículos.

Por otra parte, en la medida de inversiones, se aclaran determinados aspectos relativos al procedimiento aplicable las modificaciones que no requieren autorización y se modifica la puntuación de los criterios de priorización de las solicitudes de ayuda en algunas comunidades autónomas. De esta manera se pretende contribuir de manera más eficaz a la finalidad de aumentar la competitividad de las empresas.

El texto hoy aprobado contiene también disposiciones que, en opinión del Ministerio, permitirán mejorar la eficacia en la utilización de los fondos.

Unión de Uniones, que tiene esta semana sendas reuniones con la Subdirección General de vitivinicultura del MAPA y con el FEGA para tratar la aplicación y la información del PASVE, está estudiando el Real Decreto y emitirá una valoración sobre el mismo próximamente. No obstante, en su momento, la organización ya presentó alegaciones a la norma, que iban fundamentalmente en el sentido de que la medida de promoción pudiera extenderse, tal y como permite la reglamentación comunitaria a las actuaciones llevadas a cabo en países de la Unión Europea; a la limitación de los proyectos de reestructuración y reconversión a un máximo de 5 hectáreas por viticultor y año, junto con un incremento de los costes subvencionables y a que las ayudas a las bodegas que realicen inversiones se condicionen al cumplimiento de la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria y, particularmente, en cuanto a información del precio y disposición del contrato previamente a la entrega de la uva.

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