Una oportunidad perdida para la mayoría de las mujeres

Las leyes nos sirven, a veces, para poner negro sobre blanco aquellas carencias sociales y económicas que nos perjudican, y usamos estos mecanismos legales para ir construyendo una sociedad más equitativa e igualitaria. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Mundo Rural es buen momento para reflexionar sobre la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aprobada recientemente, que va destinada a hacer visible y regularizar el trabajo de las mujeres en nuestro sector. Pero aún así, únicamente podrán beneficiarse las mujeres que trabajan en las explotaciones casadas con el titular o vinculadas como parejas de hecho. Pese a que la ley ha acertado el diagnóstico del problema no ocurre lo mismo respecto a las herramientas que pone al alcance, puesto que da preferencia a las explotaciones de titularidad compartida respecto a las gestionadas únicamente por mujeres, por padre-hija, por madre-hija, por hermano-hermana o por hermana-hermana, aunque entre éstas haya algunas que necesiten el apoyo público para modernizarse.

La modificación de la ley de 1995 sobre la modernización de las explotaciones agrarias otorga un derecho exclusivo y preferente a las explotaciones con titularidad compartida por encima de las otras, pero queda en segundo término el principal objetivo, que es el de hacer visible el trabajo de las mujeres en las explotaciones, y pone en situación preferente las grandes explotaciones respecto a las pequeñas, éstas últimas mayoritarias en Catalunya, por el solo hecho de ser con titularidad compartida.

Esta ley, que ha salido adelante gracias a la tibieza de los grupos políticos, no refleja la situación real de las mujeres en las explotaciones agrarias con dificultades, sino que favorece aquellas que ya tienen recursos suficientes para salir adelante, situándolas en clara ventaja respecto a las otras. Se ha perdido una oportunidad para hacer visible el trabajo de las mujeres agricultoras que quizás no cotizan a la seguridad social agraria porque la explotación no da para más o, simplemente, se vive de un supuesto ahorro de costes con cargo al trabajo anónimo de las mujeres.

La Ley de titularidad compartida entrará en vigor en enero de 2012, y a pesar de que en Catalunya, con derecho civil propio, no supone ninguna innovación en esta materia porque es competencia del Parlamento catalán, sí lo es para los territorios con derecho civil común estatal: las explotaciones catalanas y las del resto del Estado que se puedan acoger disfrutarán de ventajas que hace falta tener en cuenta puesto que las personas titulares de la explotación de titularidad compartida tendrán la consideración de beneficiarias directas de las ayudas del pago único de la política agraria y también tendrán preferencia en la formación y en el asesoramiento agrarios.

Por otra parte, una oportuna modificación de la Ley a través de la cual se integran los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos hará que se alargue la edad de los 40 años, como hasta ahora, hasta los 50, con la posibilidad de acceder a la rebaja de un 30% de la cuota sobre la cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria, para los cónyuges que quieran darse de alta a la Seguridad Social Agraria para incorporarse como agricultor o agricultura a la explotación.

Pese a todas las ventajas posibles, la verdadera visibilización del trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias sólo es posible poniendo en valor un modelo de agricultura y ganadería que permita trabajar en el territorio para una gestión sostenible medioambiental y económica.

 

Maria Rovira
Miembro de la Comisión Permanente de Unió de Pagesos de Catalunya

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