Unió de Pagesos denuncia el incumplimiento en el plazo del pago de la uva y el vino a los productores por parte de la mayoría de empresas

Unió de Pagesos denuncia el incumplimiento de la mayoría de las empresas compradoras de uva y vino en el plazo del pago a productores y cooperativas. La organización pide a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, y el departamento de Agricultura que lleven a cabo los controles pertinentes y que sancionen, en su caso, las empresas que no han cumplido con los plazos del pago, según contempla la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en 2014. Esta ley establece como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en operaciones comerciales de productos alimenticios, de acuerdo con la Ley 15/2010, que fija los plazos y modifica la Ley 3/2004 por la que se prevén medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La AICA y el Departamento son los responsables del control y de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de la cadena alimentaria; la AICA en cuanto a las compras a nivel estatal, y Agricultura por las compras exclusivamente de Cataluña. En el caso del incumplimiento de los plazos de pago del importe de la sanción puede ser de entre 3.001 y 100.000 euros.

La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a formalizar contratos alimentarios entre los diferentes operadores, concreta lo que se consideran prácticas comerciales abusivas, establece las Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, así como el Observatorio de la Cadena Alimentaria y las infracciones y régimen sancionador correspondiente, incluidas las sanciones por incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimenticios.

Uno de los aspectos más relevantes para los viticultores que regula la Ley de la cadena alimentaria es la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito cuando los operadores realicen transacciones comerciales con un valor superior a 2.500 euros y se encuentren en algunas de las situaciones descritas como de desequilibrio , entre las que uno de los operadores es una PYME y el otro no, o uno es productor primario y comercializa productos agrarios perecederos, o uno tiene dependencia económica del otro. De esta obligatoriedad quedan excluidas las cooperativas respecto a sus socios.

La ley 15/2010 de morosidad es la que dictamina que el plazo máximo de pago de los productos perecederos (caso de la uva) es de 30 días, y el de los productos transformados (caso del vino), de 60 días.
Otra de las prácticas de las empresas compradoras que el sindicato pide al AICA y Agricultura que investiguen es el descuento que hacen del precio a pagar la uva el coste de la financiación, es decir, de los intereses que les ha costado el hecho de pedir el dinero para la compra de uva y vino en el banco.

Esta campaña 2014-2015 ha sido la primera en que la AICA y el Departamento han sido los responsables en el control de la obligatoriedad de los contratos de compraventa de uva por escrito, y del cumplimiento de los plazos de pago por parte de las bodegas que compran uva y vino.

Según los datos de actividad presentadas por la AICA el pasado 26 de mayo, entre enero de 2014 y abril de 2015 se han abierto 110 expedientes sancionadores. Un 40% de estos expedientes corresponden a incumplimientos de los plazos de pago, y un 15% a la inexistencia de contratos. Pero, según la AICA, ninguna de las 1.829 inspecciones realizadas han tenido lugar en empresas compradoras de uva y vino (1.703 en el sector de frutas y hortalizas, 15 al sector de la carne de pollo y 111 controles de leche líquida y aceite de oliva).

-Más Información: Joan Santó, responsable del sector de la viña y el vino de Unió de Pagesos (tel. 619 432 115)

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