Unió de Pagesos exige nuevas leyes catalanas para la mejora de los precios en origen y la fiscalidad del campo y para garantizar el relevo generacional

Unió de Pagesos reclama, en el programa para las elecciones agrarias del 25 y el 26 de marzo, propuestas legislativas de cara a la nueva legislatura catalana que comenzará mañana con la constitución del Parlamento, entre las cuales, una ley para regular el funcionamiento de las lonjas y mercados en origen, así como el de los observatorios de precios y costes para todos los productos agrarios. En este ámbito también hay un instrumento de estabilización de ingresos, dirigido a las explotaciones agrarias prioritarias, y un seguro agrario autonómica catalana.

Para la organización también es necesario un decreto ley para dejar sin efecto las obligaciones adicionales del Decreto de gestión de la fertilización, para ajustarlo estrictamente a las obligaciones europeas, así como una ley para el salvamento de empresas en crisis, ya que hay disponer permanentemente de instrumentos eficaces que ayuden a paliar estas situaciones con financiación, ayudas de minimis y ayudas de reestructuración.

Ante el progresivo envejecimiento del campo en Cataluña, que en 20 años ha pasado de un 24,6% de titulares de las explotaciones de 65 años o más a un 38,2% actual, hay que regular por ley el mercado de la tierra y la creación de un Fondo Autónomo de Tierras y Derechos agrarios, para evitar la especulación y acaparamiento, especialmente con actividades no agrarias, y que obligue a tener las fincas limpias a cargo de los propietarios de las fincas abandonadas.

En cuanto al modelo de implantación de energías renovables que favorece la actual especulación y la depredación de los espacios agrarios son necesarias modificaciones legales en la ley de urbanismo, con una nueva regulación para adecuar los suelos urbanizables calificados como industriales a suelos industriales para a polígonos de energías renovables; la acotación de la masificación en la implantación de parques eólicos y la priorización de la proximidad de la producción a los centros de consumo y la limitación del número absoluto de hectáreas municipales. También se necesitan modificaciones para incorporar los principios incluidos en la Ley de los espacios agrarios en el urbanismo, la planificación territorial y de las infraestructuras viarias.

Por otra parte, la gestión ineficiente de la fauna salvaje conlleva costes y pérdidas importantes para el campo, en parte por la mala gestión de las especies cinegéticas y de una ley de 1970, sin olvidar el impacto de especies protegidas como los huesos o los abejarucos. Por ello, se necesitan leyes propias de la gestión de la fauna cinegética y de la protegida, con medios y protocolos de alerta y actuación inmediata para evitar la difusión de enfermedades en la ganadería transmitidas por la fauna salvaje, y que garantice que los daños a las explotaciones agrarias sean totalmente indemnizados.

Las zonas de montaña también deben disponer de una nueva ley que garantice la continuidad y el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias y forestales, mientras que la legislación ambiental debe incorporar, en la elaboración de los Planes de Gestión de los espacios naturales protegidos , que se cuente con participación y consenso con el sector.

Por otro lado, el mundo rural debe disponer de una legislación que garantice la prestación de los servicios públicos con igualdad a los del resto de la sociedad. La Administración agraria debe incorporar, entre otros servicios, sistemas de información y comunicación entre el Departamento de Agricultura y los ciudadanos mediante las nuevas tecnologías, que se respeten los derechos del campo afectado por la brecha digital, el acceso en internet y en la telefonía móvil de calidad en todo el territorio y un servicio público y gratuito de inspección de maquinaria agraria y forestal.

Respecto a la fiscalidad, se necesitan normas para impulsar el cultivo de las tierras abandonadas; para
las deducciones fiscales correspondientes al IRPF, por los costes y los lucros cesantes no compensados ​​en las prácticas agrarias más sostenibles, voluntarias u obligatorias, así como una fiscalidad justa, equitativa y progresiva en el IRPF para los profesionales que viven en viviendas aisladas o en núcleos muy pequeños de población.

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