Unió de Pagesos recurre el Decreto de gestión de la fertilización en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arbitrariedades y falta de seguridad jurídica

Unió de Pagesos ha interpuesto, tras acordarlo el Consejo Nacional de la organización, un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

UP ha advertido reiteradamente el Departamento de Agricultura de las carencias del texto propuesto, tanto en las fases de consulta previa e información pública, como en la de elaboración del dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social, así como la consejera de Agricultura, Teresa Jordà, en el marco de la Mesa Agraria del 15 de mayo. Unió de Pagesos ha interpuesto el recurso para defender los intereses de los productores profesional y familiar catalana en tres aspectos que no han tenido una configuración jurídica ajustada a derecho.

La organización considera contrario a derecho establecer como obligaciones y responsabilidades de los productores titulares de las explotaciones la gestión de la fertilización en estas, sin tener en cuenta los contratos vigentes de cesión del derecho de abonar con deyecciones ganaderas previstos en la Ley 1 / 2008, del 20 de febrero, de contratos de cultivo. Este hecho puede conllevar sanciones a los productores con arrendamientos y aparcerías sin que sea la responsable de los incumplimientos de estas obligaciones y responsabilidades, con la consiguiente inseguridad jurídica que implica.

Unió de Pagesos también considera injustificado, arbitrario, discriminatorio y contrario a lo establecido en la Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de orientación agraria, que los autónomos familiares colaboradores necesiten una mayor formación para poder asumir el asesoramiento en fertilización de la propia explotación.

UP también considera arbitrario que la inacción de la Administración en la revisión o la ampliación del programa de actuación de las zonas vulnerables, después de un año de su vencimiento, comporte más limitaciones a las explotaciones ganaderas que las previstas en el nuevo decreto, que ya incorpora, de manera muy estricta y de acuerdo con los conocimientos actuales, los requisitos para la nueva implantación o ampliación de granjas en zona vulnerable.

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