Unión de Uniones considera los presupuestos de Agricultura como las cuentas de la lechera

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras un primer análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a Agricultura, considera que, de aprobarse tal y como el Gobierno los ha presentado, no mejoran sustancialmente la prórroga actual de los de 2017, ya que el incremento del 1,78 % previsto se sustenta en su mayor parte en estimaciones pagos directos y medidas de desarrollo rural de la PAC que están sistemáticamente sobredimensionadas.

Según el borrador presentado al Congreso, el presupuesto MAPAMA para 2018 ascendería (sin transferencias internas entre departamentos) hasta los casi 9.649,3 millones de euros, con un aumento del 1,78% que se alinea con el 1,8% de los Presupuestos Generales del Estado.

Unión de Uniones alerta sobre la nueva pérdida de peso de la Sección Agricultura al conjunto de los Ministerios, quedándose en un 8,12%, cuando en 2009 se situaba en el 11,28% y consiguiendo ser los segundos presupuestos más bajos de la última década tras los del 17.

Asimismo, cabe destacar que una parte corresponde a gastos de personal, de funcionamiento y financieros, de manera que sólo el 89,85% son operativos, en concreto 8.669,6 millones de euros, siendo el volumen proporcionalmente menor que el pasado ejercicio, que suponían el 90,18%.

Presupuestos congelados para Xylella, tuberculosis y seguros agrarios, entre otros

Unión de Uniones ha detectado que se mantienen congelados los presupuestos operativos destinados al programa de sanidad animal y vegetal, en 44,1 millones de euros, pese a la necesidad de afrontar problemas graves como la Xylella y la tuberculosis bovina.

Igualmente, tampoco experimenta ningún aumento la disposición para el programa de seguros agrarios, que mantiene los mismos 213,1 millones de euros de 2017 y 2016, aunque tanto en un año como en otro ha sido necesario ampliar los fondos para atender la mayor contratación.

La organización lamenta que no exista una apuesta en el proyecto de presupuesto de 2018 para estas medidas que entran claramente en lo que sería política agraria de Estado.

En cualquier caso, los presupuestos operativos del MAPAMA se sustentan fundamentalmente (en un 81,0%), en dos programas: “Regulación de Mercados Agrarios”, correspondiente en su mayor parte a la aplicación de los pagos directos de la PAC que sufraga el FEAGA; y “Desarrollo del Medio Rural” relativo a la implementación del Segundo Pilar de la PAC que financia en gran medida el FEADER.

Las previsiones de gasto en estos dos programas son sobredimensionadas de manera sistemática en los presupuestos, de manera que el dinero que posteriormente entra por caja de estos dos fondos europeos, son muy inferiores. Así, en 2017, la desviación fue de 607,6 millones de euros, y en el conjunto de los años 2009 a 2017 ha sido de 4.509,2 millones de euros.

Nivel de ejecución históricamente bajo

Unión de Uniones señala que, a pesar de que en 2017 los datos de ejecución presupuestaria están incompletos, es posible concluir según el avance de liquidación que no se ha llegado al 90%, con una menor ejecución de la parte Estado, en la que los pagos sólo habrían supuesto el 65% de lo presupuestado. Tampoco en 2016 y 2015 se ejecutó completamente el presupuesto, quedándose en niveles del 90% y del 70% respectivamente.

En definitiva, todo ello hace, según Unión de Uniones, de los presupuestos de agricultura unas cuentas poco fiables y engañosas. “Si cualquier explotación agraria o cualquier familia echase sus cuentas con los mismos errores de bulto y los excesos de previsión del Ministerio, hace tiempo que se estaría en la ruina”, han afirmado desde la organización, “parece casi más la cuenta de la lechera que unos presupuestos oficiales que deberían estar sustentados en el compromiso político de cumplirlos y acompañados de transparencia y veracidad en los datos de ejecución”, añaden.

Unión de Uniones, tras analizar detalladamente las diferentes partidas, propondrá a los grupos parlamentarios sus propuestas de enmienda durante la tramitación en Cortes de los Presupuestos. No obstante, pone el acento en que el Gobierno debe hacer gala de una mayor veracidad en las cuentas de agricultura, mucha más agilidad y transparencia en los datos de ejecución y, sobre todo, en el compromiso político de que lo que se presupueste, realmente se gaste.

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