Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que plantear una destilación obligatoria sin ayudas ha sido un error que pagarán los viticultores

A medida que se van conociendo más datos acerca de la destilación obligatoria de 4 millones de hectólitros sin ayudas y los efectos sobre el mercado de su anuncio, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se reafirma en que plantearla ha sido un error del Ministerio y quienes la apoyaron, pero que pagarán los viticultores.

La Unión de Uniones no alcanza a explicarse cómo algunas organizaciones que dicen ser representantes de los viticultores dieron su visto bueno y mantienen aún su apoyo a una medida de destilación obligatoria sin ayudas que obligará a bodegas y cooperativas a quemar vino sin precio y asumiendo además los costes de la operación. La situación sería aún más incomprensible si, como afirma algún reputado medio especializado en el sector, la propuesta partió de alguna de las organizaciones presentes en el acuerdo y no del Ministerio.

Las eventuales modalidades de aplicación de la medida de destilación plantean incógnitas preocupantes en cuanto a quien deberá realizar las entregas a la quema, en que volumen, como se va a identificar a los productores penalizados o si se va a distinguir entre calidades de vino y variedades, como se garantiza que el vino a quemar y el alcohol no retornan al mercado, que precio va a tener ese alcohol de uso industrial y a quien va a beneficiar su venta, etc.

En cualquier caso, el anuncio de la medida ha acabado por deteriorar al mercado, rompiéndose contratos cuya retirada aún no se había producido y haciéndose operaciones tirando el precio con el fin de reducir existencias y no verse forzados a regalar vino pagando además el coste del transporte y la quema. Por otro lado, pese a todas las incógnitas, lo que parece bastante claro es que las cooperativas y bodegas acabarán repercutiendo el coste de la medida a los viticultores ya sea en las liquidaciones de la pasada campaña o en el precio de la siguiente.

Las consecuencias del error van a ser muy difíciles de reparar y, desde luego, la Unión de Uniones no confía en absoluto en que este papel lo vaya a cumplir la anunciada Interprofesional, en cuya constitución el Ministerio va a reconocer sin exigencias de representación sectorial, a algunos de los protagonistas de dicho error que, además, eran los mismos que se sentaban en la Interprofesional del Vino de Mesa a la que el Ministerio revocó en noviembre del año pasado el reconocimiento por su inactividad.

Impulsar una Interprofesional desde la precipitación para encubrir, con titulares de prensa y con la complicidad de ciertas organizaciones, la incapacidad política o presupuestaria del Ministerio para apoyar al sector en una situación crítica, es abocarla al fracaso desde su nacimiento.

Más planificación y menos acusaciones

Lo que deberían haber impulsado el Ministerio y la Consejería de Agricultura hace mucho tiempo, desde su responsabilidad como poderes públicos y sus competencias de gobierno, es una planificación estratégica de un sector del interés económico y social del vitivinícola. Planificación estratégica que abra el debate del control de rendimientos, pero también, entre otras cuestiones, del equilibrado reparto del valor añadido generado el sector, de la trazabilidad de los productos importados y de su cuestionable necesidad para el abastecimiento de las necesidades, de priorizar a las empresas comprometidas con el desarrollo económico de nuestra región y nuestros pueblos, de la justa remuneración de la calidad, de las no agresiones legislativas a este producto emblemático del medio agrario, del impune incumplimiento de los contratos desde las posiciones de dominio del mercado, de la contribución de la rama restauración a una mejor comercialización, etc.

Una falta de planificación estratégica que el Ministerio pretende ocultar recordando las cantidades destinadas al sector a través de la OCM, como si el resto de países productores europeos no recibiera de la Unión Europea apoyos similares. De hecho, el coste de la OCM en España es comparativamente menor en función de la superficie (326 €/Ha, incluyendo pagos directos) que en nuestros vecinos de Francia (340 €/Ha.) e Italia (422 €/Ha.); cuando, además, no se trataría tanto del que es capaz de gestionar la Administración sino de diseñar unos mecanismos de la OCM (vendimia en verde, reestructuración, eventuales destilaciones, promoción, inversiones, etc…) que se pongan al servicio de la planificación estratégica sectorial y no que acaben convertidos en un arma arrojadiza acusatoria contra los propios viticultores.

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