Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura que promueva una Ley Estatal del Régimen de ganadería integrada

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha dirigido a la Ministra de Agricultura una petición para promover una Ley con el objetivo de regular el Régimen de ganadería integrada a nivel del Estado, ya que la actual es incompleta y se halla dispersa entre diferentes regulaciones.

De acuerdo con su definición, este régimen tiene una serie de connotaciones en cuanto a las relaciones entre los productores y la industria que la diferencian de otros tipos de ganadería, por lo que, dado el vínculo contractual que los une, resulta necesario delimitar específicamente cuáles son las obligaciones y responsabilidades tanto del ganadero, como de la empresa integradora respecto de los ámbitos zoosanitario y ambiental, así como regular las condiciones económicas y sanciones en caso de incumplimiento.

El régimen de ganadería integrada, según se define en la Ley de Sanidad Animal es aquella relación contractual ganadera en la cual una parte, denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los productos para la alimentación animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos efectos, el integrador o el integrado pueden ser personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades asociativas agrarias de cualquier tipo.

A pesar de no existir estadísticas oficiales sobre el régimen de integración ganadera (grado implantación, remuneración recibida, condiciones contractuales…) se estima que en el sector de avicultura de carne (broiler) la cifra es de entre el 90 y el 98 % de la producción.

En el caso de la cría y engorde de porcino este régimen de producción puede suponer entre el 60-70 %, y en ciclo cerrado, es del orden del 30 %. En cuanto al bovino de engorde, la presencia de explotaciones en integración es menor y, además, más variable según las zonas productivas.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ya han recogido la necesidad latente en el sector y disponen de una ley de contratos de integración.

Unión de Uniones considera que, dada la dispersión de las regulaciones a nivel estatal, el alto número de explotaciones adscritas a este régimen y teniendo en cuenta que ya las comunidades autónomas están tomando la iniciativa, el Ministerio de Agricultura debiera estudiar la redacción de una la Ley, donde se establezca un marco normativo estatal que consiga dotar de mayor seguridad, equilibrio y transparencia a este régimen de gestión. Así, la organización ha manifestado este hecho en un escrito presentado al MAGRAMA el pasado día 21 de enero, acompañado de un informe sobre la implantación de la ley y la legislación vigente.

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