Unión de Uniones reclama mantener el potencial vitícola de España

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija para 2018 un límite de nuevas plantaciones de viñedo a nivel estatal por debajo del máximo permitido por Bruselas.

Unión de Uniones ha presentado este recurso porque considera que con una pérdida de potencial productivo a nivel nacional de 21.943 has., entre 2012 y 2017, no existen razones para limitar las nuevas plantaciones más allá de lo que autorizan los reglamentos comunitarios.

La organización recuerda que los viticultores se han quedado sin los mecanismos de redimensionamiento de sus explotaciones que permitían tanto las reservas regionales, como la transferencia de derechos, desaparecidos en el actual régimen de autorizaciones de viñedo y que la autorización de nuevas plantaciones es el único medio por el que pueden hacerlo.

Desde que entró en vigor el sistema, España ha aprobado nuevas plantaciones a nivel estatal sólo del 0,44 % de la superficie de viñedo existente, para 2016, y del 0,52 % para 2017 y 2018; cifra por debajo del 1 % que permite la normativa de la Organización Común de Mercados de la UE. A juicio de Unión se trata de una estrategia errónea, que hacer perder competitividad frente a países como Francia o Italia, que si han aumentado su potencial hasta lo máximo que Bruselas contempla.

La organización ha propuesto al Ministerio por escrito y en las reuniones mantenidas sobre la cuestión, que se fije en el 1% el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio, y que, por tanto, se procediese a establecer para el año 2018 una superficie de 9.519 Has. Finalmente y dadas las resoluciones en esta materia, Unión de Uniones ha presentado un recurso de alzada, por considerar que no existen argumentos para limitar las nuevas plantaciones al 0,52 % aprobado.

Igualmente, la organización incide en la necesidad de regionalizar el reparto de dicho 1% en las distintas CCAA con el fin de permitir que ninguna pierda potencial productivo y se puedan seguir desarrollando algunas regiones que en los últimos años habrían mostrado un gran desarrollo en este sentido.

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