Unión de Uniones señala que la reducción del 15 % de los fondos de desarrollo rural, dificultaría cumplir con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y el reto demográfico

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos advierte que los programas de desarrollo rural a nivel europeo y estatal necesitan ser apoyados con un presupuesto sólido para que sus medidas, de carácter eminentemente voluntario, puedan ser atractivas para los agricultores y ganaderos.
El Acuerdo Verde europeo, presentado el pasado 11 de diciembre, estableció como objetivo para 2030 reducir un 50% las emisiones de la UE respecto a 1990. Para lograrlo, la Comisión presentó recientemente un plan de inversiones que contempla una serie de instrumentos financieros para apoyar a las regiones en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada.
En el ámbito de la agricultura, a mediados de 2020 se presentará la estrategia “De la granja a la mesa”, una iniciativa enmarcada en el contexto del Pacto Verde que tiene por objetivo lograr una cadena de valor alimentaria más sostenible y en la que se prevé incluir objetivos medioambientales y climáticos vinculantes para el sector. De hecho, recientemente el Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de implementar los objetivos del Pacto Verde y la estrategia en la futura PAC a través de los planes estratégicos en los que los EEMM están trabajando en estos momentos.
En este sentido, Unión de Uniones destaca que se conoce poco todavía acerca del apoyo económico concreto que se pretende dar a las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos y lo único que se sabe es que la Comisión Europea ha propuesto reducir el presupuesto de la PAC en general y el segundo pilar en particular.
En concreto para España, la Comisión ha propuesto una reducción del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 8.275 a 7.000 millones €, que corresponde a un recorte del 15,3% en términos corrientes.
Unión de Uniones señala que si esto ocurre repercutiría significativamente en las partidas presupuestarias de las distintas intervenciones en el marco de la futura PAC y limitaría la capacidad del sector para alcanzar los objetivos medioambientales marcados a nivel UE.
“Si se proponen unos objetivos más ambiciosos, han de facilitar también el poder cumplirlos y no quitar parte de los recursos que ya había destinados”, critican desde la organización.
Unión de Uniones reclama a los Ministros de Agricultura de la UE, que abordarán esta cuestión en el Consejo de este lunes 27, que sean conscientes de dicha situación y se afirmen en la necesidad de, al menos, mantener el mismo paquete financiero para la PAC en su próximo período de vigencia.


Las medidas de los PDRs tienen un elevado potencial de mitigación de emisiones, a la vez que impactan de manera positiva en el medio rural
Según un reciente estudio de la Comisión Europea, las medidas del segundo pilar de la PAC contribuirían a mitigar en torno a 6,4 millones de toneladas de CO2eq anuales. En concreto, en el estudio se destaca el potencial de la medida 10 sobre agroambiente y clima, que incluye un amplio abanico de operaciones voluntarias para contribuir a una agricultura más sostenible e integrada con el medio, como son, por ejemplo, el fomento de la lucha biológica, las prácticas específicas para el fomento de la presencia de aves o el pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva.
A nivel socioeconómico, estos programas también tienen un importante impacto, como demuestran las evaluaciones ex-post del periodo de programación 2007-2013. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, se estimó el impacto de su PDR en más de 1.000 millones de euros, contribuyendo a crear más de 24.500 empleos adicionales durante su implementación, mientras que, en el caso de Murcia, se estima que se incrementó la productividad laboral en cerca de 290 euros por empleado.
Unión de Uniones reclama, por tanto, un mayor apoyo por parte de las instituciones públicas para la implementación de la política de desarrollo rural, así como una reformulación de la propia PAC que permita redistribuir y reorientar los fondos públicos exclusivamente a aquellos trabajadores que viven de la actividad agraria y contribuyen realmente en mucha mayor medida al desarrollo socioeconómico y medioambiental del mundo rural.

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