El nuevo periodo de la Política Agraria Común (PAC 2023-2027) llega con cambios sustanciales respecto al periodo anterior.

Cabe señalar que este nuevo periodo supondrá un mayor nivel de exigencia medioambiental para la mayoría de las explotaciones, obligando a todas las explotaciones de más de 10 hectáreas a cambiar de cultivo cada tres años, o que el 4% de la superficie agrícola se destine a cultivos no agrícolas. elementos productivos, con la obligación de llevar un cuaderno digital de la finca o la elaboración de un plan de manejo para la aplicación de fertilizantes con la obligación de que la aplicación del fertilizante, a partir del 1 de enero de 2024, se realice por medio de inyectoras , así como la relación con la administración debe hacerse por medios electrónicos, y quienes no lo hacen corren el riesgo de ser objeto de una sanción, que en muchos casos les obligará a tener que contratar un servicio externo para cumplir con todos estos imposiciones, con el riesgo de que muchas fincas se rindan y se vean obligadas a cerrar.

Otro aspecto que sufre un cambio importante es la cuantía de las ayudas directas respecto a lo que se cobraba en 2022 por este mismo concepto. La PAC del año 2022 contemplaba dos conceptos básicos por los que se cobraba, además de otros como los cobrados por cabeza de animal, y otros. Estos dos conceptos básicos eran, por un lado, los Derechos Básicos de Pago y el Pago Verde. Ahora a partir de este 2023 se reemplazan por el Apoyo a la Renta Básica para la Sostenibilidad (ABRS) más el Pago Redistributivo (PR).

Bueno, si comparas las cantidades que estaba recibiendo una finca en 2022 en ayuda directa, es decir, Derechos de Pago Básico más Pago Verde, y lo que se espera cubrir este año 2023 en ayuda directa, que incluye el ABRS más el PR, esta ayuda verá reducida su cuantía, en promedio, en un 30 por ciento.

La implantación del sistema de ayudas en la Política Agraria Común surge con la reforma de la PAC del año 1992, con la conocida reforma MacSharri, el comisario de agricultura de aquel entonces. Lo que se pretendía con esta reforma era la eliminación progresiva de los precios mínimos garantizados y su sustitución por ayudas directas, con el fin de asegurar materias primas baratas a las industrias agroalimentarias europeas para poder competir en el mercado mundial. Ayudas que en ningún caso habrían podido compensar las pérdidas ocasionadas por la bajada de precios. En este sentido, decir que la mayoría del sector prefiere que se eliminen las ayudas y que se pague un precio justo que cubra todos los costes de producción.

Sin embargo, en muchos casos, estas ayudas fueron el sustento de muchas explotaciones ganaderas gallegas, especialmente en los sectores de la ganadería de vacuno y leche. Por tanto, al aumentar las obligaciones a las que estarán sujetos y disminuir las cuantías de las ayudas, es muy probable que un alto porcentaje no tenga más remedio que cerrar, lo que agudizará el abandono, lo que implica una mayor desertificación y desestructuración del campo gallego.