la nueva realidad climática en la que nos encontramos, con un incremento notable de la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos adversos, demuestra la necesidad de disponer de herramientas de gestión del riesgo, como el seguro agrario, que permitan al sector mantener su actividad y estabilizar sus ingresos. Tras varios años sucesivos encadenando cifras de siniestralidad considerablemente superiores a las que se venían obteniendo, el pasado año alcanzamos la cifra de indemnizaciones percibidas por los asegurados más alta registrada, superando los 1.180 millones de euros, más de un 50% superior a la más alta obtenida anteriormente en 2022.

Este fuerte incremento de los fenómenos naturales adversos durante los últimos años ha ocasionado paralelamente un desequilibrio entre las primas recaudadas a través del seguro y la siniestralidad, que se ha acentuado de manera extraordinaria el pasado año. Estos desajustes han sido hasta ahora compensados por los mecanismos de solvencia que tiene el sistema, las reservas de las entidades aseguradoras y, en especial, mediante el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, es imprescindible adoptar medidas de ajuste para afrontar esta difícil situación y garantizar la sostenibilidad del sistema. Todas las medidas introducidas tienen un denominador común: se aplican de manera selectiva, sin repercusión en la mayoría de los asegurados y buscando un sistema más racional y eficiente en el uso de los recursos públicos.

Desde el año 2020 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado de forma paulatina la dotación presupuestaria ordinaria de los diferentes planes de seguro, que ha pasado de los 211,3 millones de euros en el citado año a los 284,5 millones de euros de este año 2024 para subvencionar la contratación de pólizas. Si exceptuamos la aportación extraordinaria puntual que se ha realizado para hacer frente a la difícil coyuntura existente para el sector agrario por la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania, el presupuesto del 45º Plan de seguros combinados que se presenta en esta guía crece en 26,8 millones de euros (10,3%).

Entre las medidas incorporadas en el nuevo plan cabe destacar la priorización del apoyo público en determinados colectivos que son fundamentales en la política agraria nacional, como son los jóvenes agricultores, los profesionales, las explotaciones prioritarias o los pertenecientes a una organización de productores. Estos colectivos tendrán 8 puntos porcentuales más de subvención, incremento que alcanzará los 18 puntos en el caso de los jóvenes agricultores. Igualmente, en el nuevo plan se ajusta el apoyo en pólizas que presentan una elevada siniestralidad en sus resultados del seguro, para fomentar la adopción de medidas de adaptación por parte de los productores, en sintonía con las necesidades que impone el cambio climático. El plan también incluye actuaciones para la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguros, así como la realización de diversos estudios sobre nuevas coberturas en futuros planes de seguros.

En definitiva, las novedades introducidas en este nuevo plan persiguen, en su conjunto, lograr la viabilidad de un sistema creado en 1978 que, si bien ha ido evolucionando a través de sus planes anuales para dar una respuesta a las necesidades del sector agrario, debe adaptarse a la coyuntura económica y climática del momento. Su papel, impulsado de manera clara desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resulta imprescindible para fortalecer la resiliencia de los productores agrarios de nuestro país y poder afrontar los retos del futuro.