La Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, que se extiende durante el primer semestre de 2025, marca una hoja de ruta política ambiciosa en sostenibilidad, seguridad alimentaria, digitalización y competitividad, con implicaciones directas para el modelo agrario europeo. Aunque la agricultura y la ganadería no figuran como un eje autónomo, están integradas en distintos apartados del programa oficial, lo que ha llevado a Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a analizar a fondo su contenido y advertir de los riesgos potenciales si no se aplica con sensatez y conocimiento de la realidad productiva.

Transición verde: objetivos ambiciosos, riesgos evidentes

Uno de los ejes con mayor impacto previsto sobre el sector primario es la denominada transición verde del sistema agroalimentario. Dinamarca prioriza el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050 mediante la aplicación estricta de legislación ambiental ya vigente, como el Reglamento de Restauración de la Naturaleza o las nuevas directrices sobre biodiversidad y fitosanitarios. Aunque el enfoque danés defiende una combinación entre sostenibilidad y rentabilidad, desde Unión de Uniones se alerta de que este tipo de medidas, si se implementan sin recursos adecuados, sin flexibilidad ni proporcionalidad, pueden acabar convirtiendo las ayudas de la PAC en una herramienta de exclusión y penalización en lugar de una red de seguridad para los agricultores y ganaderos profesionales.

Bienestar animal: exigencias crecientes sin apoyo suficiente

Otra línea prioritaria del programa danés es la mejora del bienestar animal. En este punto, la Presidencia impulsa nuevas normas armonizadas en aspectos como el transporte, la cría o el sacrificio, además de sistemas de trazabilidad y etiquetado. Para Unión de Uniones, estas medidas suponen un riesgo considerable para la ganadería familiar europea, que ya cumple con los estándares más elevados del mundo en esta materia. Nuevas exigencias sin financiación específica y sin mecanismos de apoyo generarían una grave pérdida de competitividad frente a productos importados que no cumplen las mismas condiciones, además de sobrecargar económica y administrativamente a explotaciones que ya trabajan en equilibrio precario.

Fiscalidad verde: incentivos sí, penalizaciones no

La fiscalidad verde, otra de las propuestas clave del programa, también genera reticencias. La Presidencia danesa propone vincular incentivos fiscales a prácticas agroambientales, planteando un enfoque de “quien contamina paga”. Unión de Uniones, si bien respalda políticas ambientales con orientación positiva, se opone tajantemente a la imposición de tasas, cánones o impuestos ecológicos que no reconozcan los servicios ecosistémicos que ya presta la agricultura, o que penalicen a los productores sin ofrecerles una vía realista de adaptación y retribución justa por su papel como gestores del territorio.

Innovación y digitalización: una oportunidad que puede excluir

En lo relativo a innovación y digitalización, la Presidencia apuesta por acelerar la transformación tecnológica del sector primario mediante herramientas como la agricultura de precisión, la inteligencia artificial o la gestión digital de insumos. No obstante, Unión de Uniones advierte que buena parte del medio rural europeo no dispone de infraestructuras, conectividad ni servicios adecuados para subirse a esta transformación. De aplicarse sin un plan sólido de inversión pública y formación técnica, esta estrategia podría excluir a miles de explotaciones pequeñas, acentuando la brecha digital y territorial.

Seguridad alimentaria y comercio: autonomía sí, reciprocidad también

También figura entre los objetivos de la Presidencia el refuerzo de la seguridad alimentaria y de la autonomía estratégica europea. La idea de una Europa más autosuficiente, resiliente y menos dependiente de mercados exteriores está en línea con las prioridades del campo. Sin embargo, Unión de Uniones insiste en que no puede hablarse de soberanía alimentaria mientras se permita la entrada masiva de productos agroalimentarios de terceros países sin controles equivalentes ni cláusulas espejo. Los agricultores y ganaderos europeos producen bajo las normativas más exigentes del mundo, y ello debe traducirse en una protección efectiva frente a la competencia desleal y en una política comercial coherente con los principios de sostenibilidad proclamados por la propia Unión Europea.

Carga normativa y burocrática: el riesgo de ahogar al sector

Uno de los aspectos que más preocupación genera es la sobrecarga normativa derivada de la sucesión de nuevas directivas ambientales, climáticas y administrativas. Unión de Uniones alerta de que las explotaciones familiares se ven desbordadas por informes, controles y requisitos que no siempre están coordinados entre sí ni adaptados a la escala de las explotaciones. Esta situación, lejos de fomentar la sostenibilidad, provoca inseguridad jurídica, desánimo profesional y una creciente desafección hacia las instituciones europeas. La organización reclama una evaluación del impacto rural para toda nueva legislación que afecte al sector primario, así como un compromiso serio con la simplificación normativa y la estabilidad regulatoria.

Reconducir las políticas europeas

En resumen, Unión de Uniones hace un llamamiento a las instituciones comunitarias para que escuchen con atención el mensaje lanzado por el campo europeo: los ciudadanos necesitan un sector agrario fuerte, justo y productivo que garantice el suministro de alimentos seguros, de calidad y a precios razonables. Ese objetivo solo será posible con políticas realistas, sensibles al territorio, equilibradas y bien financiadas. La Presidencia danesa de la UE no parece que vaya en esa senda, sino que insiste en cuestiones que ya han sido fuertemente respondidas por los agricultores y ganaderos europeos. Las instituciones de la UE deben reconducir sus políticas, escuchando de verdad a quienes trabajan cada día en el campo y adaptándose y comprometiéndose con el sector agrario y el medio rural.