EL PICOTAZO: El batiburrrillo de las jubilaciones

Ya nos habíamos enterado de que la edad de jubilación se había retrasado oficialmente y que de forma paulatina se iba a ir aumentando la edad a la que uno se puede jubilar pasando en unos años de los  65  a los 67 años.

En el campo esto se lleva mal, porque en el sector agrario, aún se realizan trabajos duros que requieren fuerza física o agilidad o ambas cosas. Manejar maquinaria pesada, subirse a una escalera para varear aceituna o coger fruta, y otros muchos trabajos son poco recomendables para según qué determinadas edades.

Pero con la sacrosanta excusa de la crisis económica y la falta de dinero pues ahí quedo aprobado el retraso de la jubilación.

Ahora han aprobado  dar otra vuelta de tuerca, en este caso en las jubilaciones anticipadas; más años trabajados van a ser necesarios para conseguir las mismas prestaciones que antes y se retrasa la posibilidad de jubilarse con un número determinado de años.

Me he leído lo publicado por los medios de comunicación y las declaraciones de la ministra Fatima Bañez y las de la oposición en este caso representada por el exministro Valeriano Gomez que algo debe saber de esto. No me aclaro.

Si no he entendido mal, resulta que si eres trabajador de una empresa de más de 100 trabajadores y te prejubilan dependerá de si tu empresa declara beneficios en algunos de los  4 años siguientes, el que tu jubilación la pague tu empresa o el erario publico.

Con cosas tan rocambolescas como esas y si nos paramos a pensar en que da la “casualidad”  que Bankia, Santander, Banesto la Caixa y otros bancos y grandes compañías quieren prejubilar a miles de personas de sus plantillas, quieren negociar la prejubilación muchos de sus trabajadores para que los despidos sean menos traumáticos duros y mejor aceptados por unos trabajadores y sindicatos que son conscientes de que la cosa no está para encontrar empleos fácilmente.

Huele mal, huele a que en las entrelineas del BOE grandes compañías y bancos, van a lograr pasar al erario publico a miles de prejubilados con cincuenta y tantos o sesenta años. Mientras que pequeñas empresas autónomos agricultores ganaderos y demás, son los que realmente no vamos en ningún caso a poder. ¿Qué clase de igualdad ante la ley supone eso para ciudadanos y empresas? ¿Unos ciudadanos si pueden y otros no? Parece, y que alguien me corrija si no es así, que el gobierno se dedica a  buscar resquicios para favorecer siempre a los poderosos en detrimento de los débiles.

Por si fuera poco, la oposición dice que las cuentas que echa el gobierno, no son ciertas, afirma que no es verdad que el coste de muchos prejubilados salga más caro al erario público que los jubilados normales, porque para eso se jubilan con menos paga. Por lo que dicen que estudian recurrir ante los tribunales este decreto.

En cualquier caso,  es un tremendo galimatías precipitado y mal explicado, otro paso más, en la dirección de quitarnos derechos. Un batiburrillo que encima la ministra pretende explicar como si fuera algo grandioso y tuviéramos que darle las gracias. De pena.

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