UNIÓN DE UNIONES DE CASTILLA-LA MANCHA PIDE QUE LA POLÍTICA DE AGUA SEA TRANSPARENTE E IGUAL PARA TODOS.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que el Ministerio está actuando con opacidad en relación a sus intenciones sobre el Trasvase Tajo-Segura. Pide que el Memorándum suscrito con Valencia y Murcia sea expuesto públicamente y que se muestre la misma generosidad en buscar soluciones al déficit de Castilla-La Mancha como para el Levante.

Ha pasado medio año desde que se anunciara la firma entre el Ministerio de Agricultura, la Comunidad Valencia y Murcia de un Memorándum de Entendimiento sobre la importancia estratégica del Trasvase Tajo-Segura para el Estado español. Ninguno de los firmantes ha dejado que trascienda el contenido concreto del citado Memorándum y sus intenciones concretas. Tan sólo se ha trasladado a la opinión pública que el Gobierno podría elevar a rango de Ley alguna de sus disposiciones y las manifestaciones de apoyo de las Administraciones firmantes, las totalmente contrarias de la oposición en Castilla-La Mancha y el mensaje de tranquilidad del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, en el sentido de que el Memorándum no contravendrá lo aprobado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, en el que la Comunidad Autónoma deposita sus expectativas de que los intereses de la región quedarán satisfechos.

No obstante, nada se conoce ni del propio Memorándum, ni de los trabajos del Grupo que iba a constituirse para discutirlo y al que se invitaría a Castilla-La Mancha, aunque no como firmante del mismo.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha cree que la opacidad con la que se está actuando por parte del Ministerio llena de desconfianza a los ciudadanos y, entre ellos a los agricultores, y no sólo de los pueblos castellano-manchegos de la Cuenca del Tajo, y en particular en su cabecera, principales afectados. Muchos castellanos-manchegos ven como la solución al déficit de agua en sus zonas se demora interminablemente después de años de espera y Planes fallidos o se limitan de manera directa a reducir demandas, superficies de regadíos o dotaciones. Mientras tanto, el Gobierno instrumenta soluciones mucho más generosas para otras regiones que, además, se siguen materializando cada trimestre en forma de cientos de hectómetros cúbico que discurren alejándose por el Canal del Trasvase.

La Union de Uniones ha manifestado a la Consejería su apoyo a la iniciativa regional de que la escasez de agua sea considerado un factor más para definir las áreas de Castilla-La Mancha que en la futura PAC tendría derechos por estar afectadas por limitaciones naturales. No obstante, eso no significa que se deba dejar de aspirar a abastecer las demandas allí donde haya déficit, también en nuestra región, y promover, al igual que se hace con los trasvases y el Memorándum para otros regantes, iniciativas hidrológicas y legales también para atender las necesidades de agua los agricultores castellano-manchegos.

En este sentido, la Unión de Uniones subraya  la necesidad de que se revise la comprometida situación en la que quedan, tras la disolución del Consorcio del PEAG, los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias del Alto Guadiana que solicitaron autorizaciones de riego en el 2008; que se verían ahora abocados a comprar derechos de agua en un mercado no exento de riesgo de caer en la especulación. No se deja de debatir si los 400 Hm3 de reserva para la cabecera del Tajo son muchos o pocos, pero en realidad no es eso lo que se dirime, no se dirimen las necesidades de la Cuenca del Tajo, sino que lo que está realmente en cuestión es si cada año se mandan 200 ó 300 Hm3 más o menos al Levante. Y sin embargo, arreglar la situación de los profesionales y explotaciones prioritarias de la Cuenca del Alto Guadiana no supondría más allá de 30 Hm3 y no hay manera de que aparezcan en ningún Plan Hidrológico.

Por otro lado, la organización lamenta que el Gobierno esté planteando cambios legislativos para dar una mayor cobertura legal a los regantes del Trasvase y que sin embargo, no se haya planteado siquiera demanda  para hacer modificaciones mínimas a la Ley de Aguas para normalizar, sin aumentar los consumos, las extracciones comunitarias y de los pozos para riegos  varias parcelas de la misma explotación, pese a ser una demanda de los regantes de los acuíferos no sobreexplotados del Alto Guadiana en nuestra región.

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